Nueva legislación en Andorra: Un respiro para el mercado de alquiler

En los últimos años, el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en un desafío creciente para los residentes de Andorra, exacerbado por un notable crecimiento residencial y el aumento de la inflación. En respuesta a esta problemática, el Gobierno del Principado de Andorra ha tomado medidas significativas con la publicación de la «Ley 24/2023 de 28 de Noviembre, de medidas de estímulo y estabilidad del mercado de arrendamiento de viviendas», que entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Esta ley surge como un esfuerzo por ofrecer soluciones tanto a inquilinos como a propietarios, en un contexto donde la tensión social y la dificultad de acceso a la vivienda han presionado al ejecutivo para intervenir en el mercado de alquiler.

Aspectos clave de la nueva normativa

La ley introduce un sistema de prórrogas y actualizaciones de renta que varía según el año de formalización del contrato de arrendamiento, con el objetivo de proteger a los arrendatarios frente a incrementos desproporcionados y ofrecer cierta estabilidad a los propietarios.

• Prórrogas y actualizaciones: Los contratos de arrendamiento suscritos en años anteriores a 2022 se benefician de prórrogas automáticas, con actualizaciones de renta que dependen del precio por metro cuadrado, no excediendo en general el IPC más un porcentaje adicional limitado.
• Excepciones a las prórrogas: La ley establece excepciones claras, como el uso de la vivienda para fines sociales por parte del Gobierno, la necesidad de obras de seguridad, o el uso propio por parte del propietario, entre otros.
• Resolución de contratos: Se permite la resolución de contratos bajo condiciones específicas, buscando siempre la protección del inquilino y evitando incrementos excesivos en la renta.

Impacto y perspectivas

La implementación de esta ley representa un paso adelante hacia la estabilización del mercado de alquiler en Andorra. Al limitar los incrementos de renta y establecer prórrogas automáticas, se busca proteger a los inquilinos más vulnerables y ofrecer previsibilidad tanto a arrendatarios como a arrendadores.

Expertos y autoridades coinciden en que estas medidas son cruciales para aliviar la presión sobre el mercado de alquiler, aunque también señalan la importancia de seguir trabajando en soluciones a largo plazo que aborden la escasez de oferta y promuevan un mercado de alquiler más dinámico y accesible.

Conclusiones

La «Ley 24/2023» es un reflejo del compromiso del Gobierno de Andorra con la estabilidad y accesibilidad del mercado de alquiler. Aunque representa un avance significativo, el diálogo entre todos los sectores implicados será esencial para asegurar que las medidas adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para la población andorrana, sin perder de vista la necesidad de una visión a largo plazo que garantice un equilibrio sostenible en el mercado inmobiliario.